En este sentido, desde CCOO CLM apostamos por “seguir la senda de la subida salarial mediante la negociación colectiva” para que los trabajadores y trabajadoras recuperen el poder adquisitivo perdido en los últimos años; también por “la garantía de unos servicios públicos de calidad, así como políticas efectivas que mejoren el acceso a la vivienda y eviten la pobreza energética mediante la redistribución fiscal y salarial”.
El sindicato considera que hay que abordar los datos que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida de una forma integral, no sólo apuntando a los salarios de los trabajadores y trabajadoras como elemento redistribuidor de primer orden de la riqueza en la región, sino también teniendo en cuenta que “ante una estructura salarial débil, las medidas políticas, fiscales y sociales deben profundizar y priorizar el gasto en rentas directas o mejorar los servicios públicos, como es el acceso a una vivienda a un alquiler asequible”, afirma Del Puerto.
LOS DATOS
En CLM la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 2023 en el 31,7%, una décima por encima a la registrada el año anterior. A nivel nacional este indicador pasa del 26 al 26,5%. El porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa baja del 9,3% al 8,5% ahora (la media nacional es del 9%).
El ingreso medio por persona alcanzó los 11.913 euros, frente a los 11.037 euros del año anterior, casi un 8% más. El 9,3% de la población llegó a fin de mes con “mucha dificultad”, frente al 8,7% de 2022.
Otros de los datos que nos indica esta Encuesta de Condiciones de Vida es que un 33,5% de los hogares no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; un 5,9% de hogares no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; un 23% de hogares (un 21,4% era la cifra de 2022) no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
Además, un 37% de los hogares, un 0,4% más que en 2022, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; y un 8,4% de los hogares ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.