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CCOO, CSIF y UGT rechazan el despiece en cuatro lotes de la contrata de la Seguridad de los edificios de la Junta en Toledo

  • “Supone una gravísima y gratuita agresión a los vigilantes de seguridad, un atentado injustificable a su estabilidad en el empleo, a sus derechos individuales y colectivos, a sus condiciones de trabajo y a su medio de vida. No lo vamos a tolerar. Si no hay una rectificación inmediata, habrá movilizaciones”

22/08/2022.

Los sindicatos representativos de los trabajadores de la contrata de Seguridad de los edificios de la JCCM y sus organismos autónomos en Toledo, CCOO, CSIF y UGT, rechazan radicalmente el pliego de condiciones mediante el que el Gobierno regional ha sacado a concurso a este servicio, que consideran una gravísima y gratuita agresión a las personas que lo prestan. No lo vamos a tolerar.

El pliego afecta a las cinco provincias de la región, cada una de las cuales se oferta como hasta ahora en un lote, salvo la de Toledo que se subdivide en cuatro lotes. 

Esta fragmentación atenta contra los derechos colectivos e individuales de los trabajadores que prestan el servicio; que, entre otros perjuicios, quedan expuestos a ver sustituidos los contratos a tiempo completo que tienen ahora con la actual empresa adjudicataria por dos o más contratos a tiempo parcial con las futuras adjudicatarias de los distintos lotes, con los problemas de pluriempleo, fiscalidad, conciliación de la vida laboral y familiar, vacaciones, coberturas de ITs…, que ello conlleva. 

Hemos trasladado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas nuestra preocupación, hemos advertido de que la posibilidad de que la actual contrata sea sustituida no por otra empresa, sino por cuatro diferentes, pondrá en cuestión la estabilidad en el empleo de los vigilantes, porque dificultará y en muchos casos hará imposible la obligada subrogación de los contratos.

No argumenta la Consejería mayor eficacia ni eficiencia con el despiece del lote de Toledo; ni ahorro ni mejora alguna. Simplemente, nos han respondido que según ellos es todo “legal”, que “el pliego ha pasado todos los filtros técnicos, jurídicos y de toda índole y, por tanto, no hay motivo para su modificación”. 

Así, la única razón aportada por la Consejería para justificar la subdivisión en cuatro lotes de la actual contrata de Toledo es que este despiece es tan legal como el mantenimiento en un solo lote de las contratas de las otras cuatro provincias. Lo que no explica por qué extraordinario interés o con qué arcana intención en Toledo las cosas son distintas. Si hay alguna explicación de la diferencia, debe de ser inefable. O inconfesable. 

En las cinco provincias los edificios a proteger son similares, en todas hay alguno con sistemas de alarmas y/o con circuitos cerrados de televisión; y otros sin ellos. Todos tiene fachadas y cubiertas, despachos y pasillos, aseos y escaleras; puertas y ventanas. 

Y a los vigilantes que se ocupan de su seguridad se les aplica el mismo convenio colectivo, el Estatal de Empresas de Seguridad, en Albacete, en Ciudad Real, en Cuenca, en Guadalajara y en Toledo. Y todos tienen la misma habilitación del Ministerio del Interior, la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) que garantiza su cualificación para desarrollar sus funciones en todo el territorio nacional.

Los números de la TIP de al menos 16 vigilantes aparecen en el pliego de condiciones adscritos a dos lotes diferentes; de forma que, si las adjudicarías resultan distintas -como es previsible-, cada uno de ellos pasará a tener no un contrato a tiempo completo sino dos contratos a tiempo parcial, con la precariedad que supone para los afectados esta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Quedarán además expuestos a posibles modificaciones posteriores, y corren incluso el riesgo de que no se produzca la subrogación de determinadas parcialidades.

Hay otros ocho vigilantes cuya TIP no aparece en los pliegos, con lo cual se cuestiona desde el principio su derecho a la subrogación que establece el art. 14 del convenio aplicable, el Estatal de Empresas de Seguridad. Por el contrario, hay otros vigilantes a los que se les asignan jornadas del 162%.

Por otra parte, la fragmentación en cuatro de la actual contrata de la Seguridad de los edificios de la JCCM en Toledo diluye, incluso hasta su anulación, el derecho a la Representatividad Colectiva de los vigilantes de seguridad que prestan el servicio.

Tras la publicación del Pliego, los tres sindicatos que ahora representamos a este colectivo en su comité de empresa nos dirigimos por escrito el pasado 8 de agosto a la Consejería de Hacienda y AAPP; para solicitar una reunión en la que analizar los múltiples e indeseables efectos perversos del fraccionamiento en cuatro lotes de la contrata de la seguridad de los edificios de la JCCM y para reclamar la rectificación del Pliego.

Se nos contestó que, según ellos, todo es legal y no hay nada que modificar, y posponiendo cualquier reunión hasta la vuelta de las vacaciones. Para entonces, ya habrá vencido el plazo para recurrir el pliego. Y si es legal o no, lo tendrán que decir los tribunales. No sería la primera vez, sino más bien la enésima, que la Justicia desautoriza a este Gobierno. 

Pero, en todo caso, amparada o no en la legalidad, es indudable que la actuación de la consejería de Ruiz Molina supone una gravísima y gratuita agresión a los vigilantes de seguridad afectados. Instamos al consejero a rectificar de inmediato. 

En caso contrario, este atentado a los derechos laborales, a las condiciones de trabajo y al medio de vida de los vigilantes de seguridad de los edificios de la JCCM en Toledo no tardará en tener una contundente respuesta sindical. Si no hay una rectificación inmediata, habrá movilizaciones.