Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha

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La Junta de Personal Funcionario de Toledo exige la contratación de técnicos y agentes medioambientales para la Inspección de Medio Ambiente en la provincia

Algún tiempo ha pasado ya desde que el gobierno creó 10 plazas de técnico de inspección en las delegaciones de Desarrollo Sostenible de toda la región allá por 2017. Y ha sido tiempo más que suficiente para llegar a algunas conclusiones de difícil discusión. Hoy por hoy, tanto los técnicos de inspección como los Agentes Medioambientales son el eje sobre el que pivota la acción inspectora de la consejería de Desarrollo Sostenible, es este personal el que va sujetando el trabajo de la administración, el que visita las instalaciones en una situación en ocasiones bastante precaria y con una carencia de personal evidente, pese a la creación de estas plazas.

06/10/2021.

La legislación europea y su traslación progresiva a la legislación española multiplican las exigencias de control por parte de la administración para todas aquellas actividades que general un impacto sobre el Medio ambiente y sobre las personas. Eso tiene una traducción directa y sencilla, es necesario más personal.

La creación de estas plazas iba destinada en un primer momento al cumplimiento de los Planes de Inspección de Calidad Ambiental, una obligación ineludible para el gobierno de Castilla-La Mancha. Pero como casi siempre, el gobierno regional vuelve a errar el tiro, por acción, por omisión o por un incomprensible desdén en su toma de decisiones. Se crearon 2 plazas del Cuerpo Superior de Inspección para cada provincia, pero en Toledo se acumulan el 85% de las inspecciones y si las necesidades de personal de inspección podían estar más o menos encajadas en el resto de provincias, en Toledo seguían faltando con esta creación unos 10 técnicos más.

De hecho, hasta la fecha el gobierno regional ha venido incumpliendo de forma sistemática el Plan de Inspección de Calidad Ambiental, por una razón tan sencilla de entender como de solucionar: Falta personal, faltan técnicos, falta personal administrativo y faltan Agentes Medioambientales.

Pero cuando se propone crear plazas de inspección el gobierno alude a su manido “no se puede incrementar capítulo I”, aunque esta norma no rige cuando se trata de altos cargos, de personal directivo o de plazas de Libre designación.

¿Y cuál es la solución que da el gobierno? Un contrato con una Entidad de control acreditada; o, dicho de otra manera, una privatización más.

Se ha cuidado mucho el gobierno a la hora de redactar el Pliego de condiciones, pues como bien saben las funciones de inspección y control y el ejercicio de la potestad de Agente de la autoridad están reservadas al personal funcionario, por ello, todas las funciones del objeto del pliego vienen acompañadas de un “.....de apoyo”, para que en caso que alguien se atreva a llevar a los tribunales este despropósito se dé de bruces con que el pliego en realidad, sobre el papel parece no invadir funciones exclusivas de personal funcionario.

El gobierno no puede solucionar un problema de falta de personal creando otro. La contratación de una empresa para realizar funciones del personal funcionario, aunque sea soslayando la legalidad y aunque sea de forma temporal, genera varios problemas y no soluciona ninguno, y con el coste de 1 millón de € recogido en el Pliego, que es público, se podían contratar muchos, muchos técnicos y agentes medioambientales.

El contrato ya está adjudicado, el daño ya está hecho, y sorprende cuanto menos la rapidez y agilidad de la burocratizada Administración, cuando en este caso se publica una Resolución el 17 de mayo y se resuelve el 25 de agosto, para una cantidad nada desdeñable de millones de euros mientras para otras cuestiones las dificultades presupuestarias es el primero de los argumentos, pero la administración está a tiempo de que ese daño no sea permanente, siempre se está a tiempo si hay voluntad política y convencimiento de la necesidad de reforzar los servicios públicos.

Le exigimos al gobierno la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario, la inclusión de un punto específico en el orden del día y la inmediata creación y cobertura de las plazas necesarias de personal funcionario inspector en el Servicio de Calidad Ambiental y el refuerzo de la plantilla de Agentes Medioambientales, de forma proporcional a la estructura, que deben participar también en estos planes de inspección como una de las piezas fundamentales del puzzle que forma la acción inspectora de la JCCM.