Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha | 28 marzo 2024.

CCOO convoca paros parciales en las oficinas de policía, DNI y extranjería de Albacete desde el 5 de marzo por vulneración de los derechos del personal no policial

  • “Es inadmisible que la Dirección General de la Policía vulnere los derechos de los trabajadores y trabajadoras que tantas veces se han dejado la piel por dar un servicio público de calidad”

El responsable de CCOO en la Administración General del Estado en Albacete, Juan Francisco Zamora, ha informado de los paros parciales del personal no policial previstos todos los viernes, a partir del próximo 5 de marzo, entre las 12.30 horas y las 14.30 horas, en la Comisaría, DNI y Extranjería de Albacete. 

25/02/2021.
Juan Zamora

Juan Zamora

“Desde 1985, año en el que se creó la Sección Estatal de Interior de Comisiones Obreras, se detectaron una serie de problemas y agravios del personal de cuerpos no policiales, con respecto a la Policía que hace sus mismas funciones en los centros de DNI, Comisaría y Extranjería, entre los que ha destacado el desconocimiento y falta de interés en nuestra normativa por parte de los responsables policiales”, ha dicho Zamora. 

 

Además, Zamora ha criticado la diferencia retributiva entre ambos cuerpos realizando las mismas labores, mesa con mesa; la falta de concursos de traslados, limitando así la movilidad; la ausencia de posibilidades de desarrollar la carrera profesional dentro del organismo; y el acuerdo de productividad que, debido a su falta de actualización, no se configura como instrumento válido para reflejar la realidad organizativa de los centros de trabajo, ni se ajusta a la realidad retributiva para las plantillas”, ha remarcado. 

 

Así mismo, Zamora ha indicado que “hay ausencia de interlocución con los gestores de la Administración y una progresiva externalización de servicios”.

 

“Es inadmisible que la Dirección General de la Policía vulnere los derechos de los trabajadores y trabajadoras que tantas veces se han dejado la piel por dar un servicio público de calidad”. 

 

“Esta difícil situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria; en un complicadísimo escenario, lejos de sentirse valorados por los mandos policiales, han sufrido en sus propias carnes el abandono en la más difícil de las situaciones, así como un desprecio generalizado por parte de la Dirección General y la Subsecretaría del Ministerio, máximo órgano responsable del personal no perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del departamento”, ha dicho Zamora. 

 

“La mala gestión de los recursos humanos por parte de la Dirección General de la Policía y la Administración, ha supuesto poner en riesgo la salud de los empleados públicos y la de sus familias. También el incumplimiento reiterado de las instrucciones de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública; la modificación del horario de las oficinas de atención al público; la ausencia de la obligada notificación de casos positivos por Covid-19 a las autoridades sanitarias; el incumplimiento de los protocolos de Sanidad; la falta de medidas preventivas así como un atropello contra los derechos en materia de permisos que nos reconocen los textos legales publicados y el Estatuto Básico del Empleado Público”, ha remarcado Zamora. 

 

“En el contexto de la mayor emergencia sanitaria vivida en más de un siglo, y cuando realmente más hemos necesitado la interlocución con los responsables de la Administración, los gestores se han puesto de perfil dejando claro que la plantilla no policial es personal de segunda”.

 

“Por todo esto, CCOO hemos dicho basta. Desde el sindicato exigimos un órgano de gestión de la plantilla no policial, integrado por personal de la AGE; un nuevo acuerdo de productividad; concursos de traslados con convocatoria anual; la aplicación del último acuerdo de fondos adicionales y la aplicación del Convenio único de para el personal laboral”.

 

“CCOO exigimos la aplicación de las resoluciones dictadas en materia organizativa y preventiva por la Secretaría de Estado de Política territorial y Función pública; así como la obligatoriedad de cumplir con la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales”, ha concluido Zamora.