Una contrata de 421 millones de euros

    El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia su intención de taponar la hemorragia de derechos y salarios que sufren cientos de miles de trabajadores de las contratas de las administraciones públicas.

    16/08/2018.
    Remedios Toboso

    Remedios Toboso

    El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión, el pasado viernes 10 de agosto, a propuesta del Ministerio de Hacienda, un “ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato relativo al servicio de limpieza integral de edificios, locales y dependencias estatales ubicados en Madrid Fase III, cuyo valor estimado máximo asciende a 421.654.984,33 euros.”

    Según informó La Ser, el pliego de condiciones que regulará esta contrata incluirá cláusulas que ofrezcan “más posibilidades de ganar el concurso” a “las empresas comprometidas con establecer contratos de trabajo indefinidos para el personal que ejecutará el contrato.”

    “Además, se valorará la puesta en marcha de medidas de flexibilización, adaptación de servicios y de horarios que faciliten la atención de menores o personas dependientes.”

    “También, tendrán más opciones aquellas compañías que respeten determinados aspectos medioambientales a la hora de proporcionar servicios al Estado.”

    “Estas medidas deben mejorar lo previsto en el convenio colectivo sectorial”, añade la información, que, en consecuencia, entiende que, en lo sucesivo, “el Gobierno priorizará en los contratos públicos a las empresas con planes sociales y de igualdad para sus empleados (…) La idea, que sale del Ministerio de Hacienda, es utilizar la capacidad de compra del Estado para incentivar mejoras sociales y planes de igualdad en el sector privado.”

    A la espera de comprobar cómo se reflejan las mejoras anunciadas en los pliegos administrativos y técnicos, la noticia avanzada por La Ser nos merece, además de un expectante interés, algunas reflexiones:

    El mismo Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó también, a propuesta de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, otro “ACUERDO por el que se autoriza al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional la contratación del servicio de vigilancia de seguridad y de atención al público en las dependencias gestionadas por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, por un valor estimado de 83.262.942,50 euros.”

    Nada sabemos sobre la intención de Presidencia respecto a las cláusulas que regirán este concurso. Estaría feo que el Gobierno incluya clausulas sociales y de estabilidad en el empleo en algunos concursos, y no en otros.

    En consecuencia, nuestra primera petición al Gobierno es que, además de aplicar de forma rigurosa y en todos los pliegos de condiciones que emita para la contratación de servicios externalizados, la nueva Ley de Contratación del Sector Público; desarrolle y mejore ésta mediante la regulación normativa de las cláusulas sociales y de estabilidad en el empleo a incluir y a valorar por los distintos organismos del Estado para adjudicar sus contratas.

    Entrando en materia: más allá del tipo de contratación, indefinida o no, del personal que ejecutará la contrata, lo que hay que garantizar es que el personal que presta el servicio no se queda en la calle si cambia la contrata. La subrogación de los contratos debe ser siempre obligatoria.

    Igualmente, hay que exigir taxativamente a todas las empresas que aspiren a una contrata pública el cumplimiento -o mejora- del convenio colectivo sectorial de aplicación. Se tiene que acabar de una vez con la presencia en las administraciones públicas de empresas piratas que ganan los concursos con ‘la oferta más barata’, basada en la aplicación a su personal de convenios colectivos ‘de empresa’ amparados por la Reforma Laboral del PP, con salarios por debajo del convenio de sector y con condiciones laborales mucho peores.

    Garantizado el cumplimiento del convenio sectorial y garantizada la estabilidad en el empleo, hay que definir el tipo y el peso de las cláusulas sociales: cuáles se deben incluir de forma general y cuáles de forma particular; y en qué medida o proporción deben valorarse.

    A nuestro juicio, en todo caso, la oferta económica tiene que dejar de ser la que determine el resultado del concurso. La adjudicación debe realizarse sobre todo en base a las propuestas técnicas y sociales que mejor garanticen la calidad del servicio y las condiciones de trabajo de quienes lo presten.

    La experiencia de Castilla-La Mancha

    Estas reivindicaciones no son nuevas; son paralelas a la constatación de los efectos perversos, para las trabajadoras y los trabajadores afectados, de los procesos de externalización de servicios acometidos masivamente por las distintas administraciones públicas, en los que siempre ha primado la (supuesta) Libertad de Empresa sobre el Derecho del Trabajo.

    Desde los años 90 del siglo pasado, CCOO se movilizó en Castilla-La Mancha para atajar la sangría de derechos laborales asociada a la adjudicación a empresas privadas de la prestación de servicios públicos.

    En 1998, logramos que el Gobierno de CLM firmara con los sindicatos más representativos el I Acuerdo para la Estabilidad en las Contratas de la Administración Autonómica. Tenemos una larga trayectoria, dramáticamente interrumpida por el agujero negro de la legislatura Cospedal -negra, negrísima etapa para las trabajadoras y trabajadores de todos los servicios externalizados de la JCCM-, y recuperada en julio del año pasado con la firma del III Acuerdo.

    Previamente, mientras culminábamos la negociación de ese III Acuerdo, el Gobierno de CLM publicó en octubre de 2016 una “Instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional.”.

    Esta Resolución fue impugnada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ordenó a la Abogacía del Estado presentar recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de CLM.

    Instamos al Gobierno de Pedro Sánchez a desistir de este recurso.

    Y le recordamos, de paso, que, sin salir de CLM, hay en estos momentos varios colectivos de trabajadoras y trabajadores, encuadrados en empresas piratas beneficiadas con diversas contratas de los ministerios entonces dirigidos por María Dolores Cospedal y Fátima Báñez, que siguen sufriendo los peores efectos combinados de la Reforma Laboral del PP y de un sistema de concurso y adjudicación de contratos públicos basado exclusivamente en el precio.

    Le sugerimos finalmente que, a la hora de regular la contratación de servicios externalizados, estudie la experiencia de CLM, tanto en lo que respecta a la negociación previa con los agentes sociales como a los contenidos, implantación y desarrollo de los sucesivos acuerdos de estabilidad en las contratas de la JCCM; y en concreto del III Acuerdo, actualmente vigente.

    Quiero acabar comparando este titular del pasado viernes: “Cláusulas sociales para contratar con la Administración General del Estado. El Gobierno priorizará en los contratos públicos a las empresas con planes sociales y de igualdad para sus empleados”, con este otro: “La empresa XXXX y el ministro Montoro despiden con 68 euros a los cuatro trabajadores que limpiaban la delegación de Hacienda en Toledo. La nueva contrata ministerial se adjudica el servicio por 31.887 euros, la mitad del precio de licitación fijado en el pliego.”

    El segundo es solo un ejemplo (de los muchísimos que podríamos aportar) de lo que ha venido ocurriendo durante muchos años en las contratas del Estado. Ojalá el primero sea realmente un anuncio de que esto va a cambiar.

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